Este miércoles el Gobierno argentino llamó a la administración pública a comenzar los trámites jubilatorios de todos los trabajadores estatales que cumplan con los requisitos establecidos en nueva resolución adherida al plan de la motosierra.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, instruyó a las entidades del sector público a «intimar» a los empleados para que inicien la jubilación, reportan medios argentinos.

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Según estimaciones de la cartera de Desregulación, la medida alcanzaría a unos 10 mil empleados públicos, de los cuales unos 6.500 pertenecen a la planta permanente.

“Instrúyase a los titulares de las entidades (…) a intimar, en un plazo no mayor a treinta días hábiles desde la publicación de la presente resolución, al personal que reúna las condiciones establecidas (…) a iniciar los trámites administrativos a fin de ingresar al sistema previsional”, señala la resolución 2, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

El plazo dado por el Gobierno de Javier Milei para la finalización de este proceso fue no mayor a un mes. Esta diligencia forma parte del plan para reducir la estructura del Estado y «ajustar el empleo», según el presidente.

Por demás, la resolución “recomienda” la medida a las Empresas y Sociedades del Estado, las Sociedades del Estado, las Sociedades de Economía Mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias, recoge Página 12.

El documento «indica» que esta medida es necesaria para «asegurar la eficiencia en la gestión de los recursos humanos en el ámbito del Sector Público Nacional”.

Para llevar a cabo las jubilaciones masivas, el ministerio de Desregulación firmó un convenio con la Administración Nacional de la Seguridad Social, para que ese organismo determine quiénes están en condiciones de concretar el trámite.

Días atrás, el Gobierno anunció la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y su sustitución por una estructura más reducida, con un 34 por ciento menos del plantel que la estructura actual, así como el recorte de 3000 puestos de trabajo.

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